Bibliotecas y Archivos

En Nicaragua se da la mayor producción de documentos con la llegada de los españoles. “La documentación colonial corresponde casi exclusivamente a instituciones de derecho público. Las instituciones productoras fueron: Virreinatos, Audiencias, Capitanías Generales, Gobernaciones, Corregimientos, Intendencias, Cajas Reales, Casa de Moneda, Cabildos Seculares, Arzobispados, Obispados, Cabildos Eclesiásticos, Universidades, escribanías…”1

En la época colonial Nicaragua se situaba como una provincia, administrada desde la Capitanía General de Guatemala, en ese contexto se generó una gran producción de documentos que en el futuro se constituirían en el patrimonio documental representativo y testimonial de la época, tales documentos se clasificaron por su contenido en Cédulas, Provisiones llegadas a la Provincia, Ordenes Reales, Libros que producían las parroquias y una serie de registros de bienes y escrituras.

Lamentablemente el Archivo General de la Nación de Nicaragua, no posee la documentación original de esa época y lo poco que posee fotocopìado fue por las gestiones que realizó Alberto Bendaña, como director de esta institución en el año de 1963, con el objetivo de recuperar esa valiosa documentación que de manera directa enriquecería nuestra propia historia.

A partir de la segunda parte del siglo XIX, se manifiesta algún interés por la organización de una entidad, que sistematice y ordene los documentos que se constituirían como la memoria histórica, el testimonio documental de los actos o acontecimientos que afectaban a la sociedad en su conjunto. Más allá de una intención ideológica de crear una institución denominada Archivo, se detecta la necesidad del funcionamiento de éste como instancia ordenadora de carácter administrativo que hay necesidad de tener y de usar. Al respecto Orient Bolívar Juárez señala:

“Las condiciones propicias para la organización de la Administración Pública en Nicaragua se comenzaron a dar hasta después de la derrota de Walker y el fin de la Guerra Nacional, es decir durante el período de los llamados “ treinta años “ conservadores, inaugurado con el gobierno binario de Don Tomás Martínez y Máximo Jerez. Dentro de esa época se establecieron los primeros cimientos para la organización archivística del estado “Los mismos historiadores de aquella época señalaron por tanto la necesidad de crear un Archivo Nacional, José Dolores Gámez señala la carencia de bibliotecas y archivos de consulta para escribir la historia moderna y contemporánea”2
Desde ese momento el aspecto archivístico se va ir manifestando con un avance en su propio desarrollo y crecimiento, así pues el 14 de febrero de 1863, mediante decreto el presidente Tomás Martínez crea el Archivo General del Gobierno, con dependencia del Ministerio de Hacienda situado en el Palacio Nacional, ya se nota la importancia que viene adquiriendo esta organización pública en el país.

Posteriormente, el 26 de febrero de 1874 el gobierno de Vicente Cuadra emitió un decreto reglamentando las obligaciones del Archivero, Bibliotecario e Inspector del Palacio.

Luego en 1883, con un decreto del presidente Adán Cárdenas se crea una oficina para el Archivo General de la República con anexo a la Biblioteca Nacional, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública. Años más tarde, el General José Santos Zelaya crea el Archivo General de la República, mediante Decreto presidencial del 7 de julio de 1896, con el objetivo de establecer una mejor centralización del Archivo Nacional, con independencia de la Biblioteca Nacional. Este decreto introduce varios avances para esa época: una mejor definición de lo que es el Archivo, se establecen una serie de funciones y tareas a lo interno de dicha Institución, se crea un criterio de organización como la de tener un registro formal donde se señalen específicamente y con su respectivo orden con relación al número de serie de los documentos, entre otros.

Esta tarea fue producto del interés de modernizar y establecer una mejor organización de la documentación que ya producían las nacientes instituciones públicas del Estado nicaragüense. José Santos Zelaya se encontraba asesorado por el historiador José Dolores Gámez, Ministro de Instrucción Pública y él necesitaba de todos lo documentos con valor histórico, para saber cómo se habían producidos los primeros litigios. Este es un ejemplo de la utilidad que ha tenido el Archivo en los asuntos nacionales.

Bien entrado ya el siglo XX, en 1959, Luis Somoza Debayle promulgó el Decreto 401: Ley que regula el funcionamiento del Archivo General de la Nación (Publicado “La Gaceta” Número 232 del 14 de octubre de 1959). En el se expone lo que es el Archivo, sus tareas y las funciones que este desempeña, se le traslado de dependencia, pasando del Ministerio de Instrucción Pública, a depender del Ministerio de Gobernación. Es importante mencionar que a finales de la década de 1950 se establecen relaciones internacionales, con la preocupación de empezar recuperar los fondos documentales relacionados a Nicaragua, existentes en otros Archivos.

En 1972 al darse el terremoto de Managua, el Archivo se encontraba en la azotea del Palacio Nacional. En 1977 se le trasladó de aquí a la Colonia Dambach frente al Lago de Managua, y para 1992 se trasladó del barrio San Pedro al Museo de las Fuerzas Armadas, que funcionó en el Mercado Roberto Huembes. Finalmente desde 1997-1998, el Archivo está ubicado actualmente en el Palacio Nacional de la Cultura.

Durante la Revolución Sandinista se hace un estudio al Archivo por parte de la UNESCO, acerca de sus funciones y la forma como se ha venido desarrollando. También se logró integrarlo a la propuesta del Sistema Nacional de Información Documental (SNID) encargado de implementar las actividades que se realizan en el Archivo. Aunque este sistema nunca entró en funcionamiento.

Durante la presidencia de Arnoldo Alemán Lacayo se promulgaron tres decretos ejecutivos para el Archivo General de la Nación: Decreto No. 71-2001, “Creador del Archivo General de la Nación”. Decreto No. 72-2001, “Para el Rescate del Patrimonio Documental de la Nación anterior al año 1979”. Decreto No. 73-2001, “Creación de los Archivos Administrativos Centrales”, todos aprobados el 21 de Julio del año 2001 y publicados en La Gaceta No. 184, del 28 de septiembre de 2001. En el Decreto N° 71-2001, se encuentran indicadas las funciones propias a su naturaleza tales como la conformación de patrimonio documental de la República, ser el órgano rector en materia archivística, diseñar un sistema nacional de archivos, promover la organización y fortalecimiento de los archivos de los poderes del Estado, las infracciones, otras disposiciones, y transferencias documentales de las instituciones públicas, principalmente desde los ministerios, así como las funciones de la dirección del Archivo General de la Nación, entre otros.

El Decreto N° 72-2001 de rescate del Patrimonio documental de la nación, anterior a 1979, en su artículo 1 expresa: “Se declararán en conservación permanente la totalidad de los fondos documentales desde la fecha más antigua hasta el año de mil novecientos setenta y nueve inclusive que se encuentran en custodia de los ministerios, instituciones, entes autónomos descentralizados y organismos pertenecientes al poder ejecutivo”. Con este instrumento legal el Archivo General está teóricamente facultado para entrar en las instituciones públicas en búsqueda de la documentación que data hasta 1979. Se convierten entonces esos fondos en documentos históricos y su lugar debería ser el Archivo General de la Nación.

Con respecto a los Archivos Administrativos Centrales, el Decreto Ejecutivo N°73-2001 establece la creación de éstos en el artículo 1:”Créanse los archivos Centrales en los Ministerios, Instituciones, Entes Autónomos Descentralizados y Organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo dependiendo de la instancia administrativa correspondiente de cada uno de esos organismos.” Al crearse estas instancias en cada institución se garantiza que la documentación siga los pasos correctos en su ciclo vital, hasta llegar al Archivo General de la Nación, así transitará desde su producción en la oficina, pasando por un proceso de selección y valoración, y además de tener valores primarios hasta convertirse en documentos de la memoria histórica de la Nación.

Para nuestro trabajo, en la práctica también hemos vinculado esos instrumentos a la Ley de Acceso a la Información Pública, para fortalecer lo que se afirma en el Decreto Ejecutivo Nº 73 – 2001, de “Creación de los Archivos Centrales” que tiene la finalidad de reunir, conservar, ordenar, clasificar los documentos de los Poderes del Estado. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que cada Institución del Estado deberá organizar una Oficina de Acceso a la Información, de la cual dependerán un Archivo Central y un Centro de Documentación, para garantizar la formación y mantenimiento debidamente actualizados de los índices descriptivos de los archivos, libros y bases de datos, así como registros adecuados de los actos administrativos, reglamentos y expedientes administrativos que deban facilitar los administradores para su consulta y para su reproducción a costa de los interesados, debiendo poner a disposición de los particulares tales índices.

En resumen la dimensión histórica del contexto en que se ha venido dando el origen, evolución y desarrollo del Archivo General de la Nación, está marcado tanto por los fenómenos políticos de cada época, así como por la diseminación de sus fuentes documentales en el extranjero por razón de oficio o cesión o venta ilícita; historia marcada por destrucciones voluntarias e involuntarias de las fuentes; procesos de compactación y privatización del Estado; acción del clima tropical; instalación inadecuada de los documentos; repositorios improvisados e inapropiados; ausencia de una evolución histórica de la legislación archivística, que provoca que resulte inadecuada la existente, a pesar de algunos intentos de ordenamiento; carencia de un sistema nacional de archivos y de formación profesional al personal que labora en ellos, así como el divorcio entre las administraciones y los archivos, han incidido en la conciencia acerca de este ámbito, tan importante para comprender el desarrollo histórico, que nos debe acercar a una valoración presente del Archivo y su función para la sociedad actual y las futuras generaciones.

Es hora de tomar conciencia y promover una serie de iniciativas que resuelvan la problemática que enfrenta y ha venido arrastrando desde las épocas pasadas, el Archivo General de la Nación, no es tarea fácil, lo cual no quiere decir que sea imposible.

El desarrollo de los archivos en Nicaragua, sigue siendo un asunto pendiente en la agenda nacional.

Managua, Agosto del 2016.

Compilación: Jimmy Alvarado Moreno / Resp. de Dirección Archivo General de la Nación.